martes, 24 de noviembre de 2015

Un informe municipal corrobora las irregularidades en la casa de Campos

Muro exterior de la vivienda de Campos
Fuente: ABC
«Hay una parte del muro que está muy justa. Estamos trabajando en un informe con la arquitecta municipal para estar convencidos de que estamos dentro de la legalidad». Esto era lo que decía el presidente de la Diputación de Lugo, Darío Campos, a ABC cuando se publicó la información de ladenuncia que un vecino A Pontenova, de donde es alcalde,
interpuso por supuestas irregularidades en su vivienda, y concretamente en el cierre que la rodea.
El documento técnico del Concello lucense, al que ha tenido acceso este diario, confirma las sospechas del denunciante. La arquitecta municipal, Patricia Vázquez Mille, en base al expediente y una vez realizadas las mediciones pertinentes, afirma que no se cumple la distancia del muro exterior con la carretera que estipulaba la normativa. Del mismo modo, tampoco se cumple la altura del cierre que se delimitaba en el proyecto por el que se le concedió la licencia para la ejecución de las obras.
Seis años marca la ley desde la finalización de la obra hasta la total prescripción de las faltas
A la luz de los datos, Vázquez Mille concluye que «se incumplen las condiciones de licencia otorgadas en su día», por lo que según la normativa que regulaba la ordenación urbanística en Galicia en el momento de la construcción y las sucesivas modificaciones legislativas, Campos incurrió en el supuesto de «obras terminadas sin licencia o incumpliendo las condiciones señaladas en la misma».

Una infracción grave

El incumplimiento cometido por el presidente de la Diputación de Lugo, según el informe, es una infracción catalogada como grave por la que se podría pedir en un plazo de seis años contados desde la total terminación de las obras la incoación de un expediente de reposición de la legalidad.
Campos confesó que había una parte del muro que no se ajustaba a la legalidad
Es precisamente en este punto en el que se encuentra una de las cuestiones polémicas del conflicto. La arquitecta apunta que es también tras un periodo de seis años en el que prescribe una falta de este tipo desde que se finalizan totalmente los trabajos. En este sentido, Vázquez Mille argumenta que Campos aporta una factura de una empresa de construcción que se refiere a la compra de piedra y su colocación, e indica que se refiere a la ejecución del muro en el que se comete la irregularidad.
Dado que el recibo se emite con fecha de noviembre de 2008, el informe concluye que desde el remate completo de las obras a la presentación de la denuncia pasan más de los seis años, así que la infracción quedaría prescrita, y el muro de la discordia en situación legal de «fuera de ordenación». Sin embargo, y pese a que las fuentes consultadas por este periódico recalcan que Darío Campos habita esa vivienda desde el mismo año 2008, esperó a solicitar la licencia de primera ocupación el 27 de octubre de 2015, tres semanas después de haber tomado posesión al frente del entre provincial lucense.

Obligación de vigilancia

Darío Campos es alcalde de A Pontenova desde las elecciones municipales de 2007 en las que ganó con mayoría absoluta, un año después de haber empezado a militar en el partido socialista, según se publica en la página web de la Diputación que ahora preside. En el año 2008, en el que supuestamente terminaron las obras del cierre de su vivienda, la normativa vigente en la materia era la Ley 9/2002 de suelo y urbanismo de Galicia.
El presidente lucense podría haber anulado su licencia, con la consiguiente paralización de unas obras
El texto legislativo gallego atribuye a los alcalde la facultad de suspender los efectos de una licencia —con la consiguiente paralización inmediata de los trabajos— cuando se cometiese un acto que la hiciese incurrir en una infracción grave. Por tanto, se entiende que el regidor de A Pontenova debería haber actuado contra una situación como la que estaba sucediendo en sus propias obras.
También la ley otorga a los primeros ediles la facultad de incoar los expedientes de reposición de la legalidad de las obras terminadas con irregularidades —como las que el informe de Vázquez Mille ahora detecta— en dicho plazo de seis años. Sin embargo, una vez transcurrido este tiempo y prescrita la falta, el texto simplemente limita las actuaciones que se pueden acometer sobre la edificación ya terminada. De este modo, Campos únicamente podrá ya efectuar en su cierre las labores destinadas a mantenimiento, seguridad e higiene, y nunca otras de cambio de uso, modernización o aumento de valor.