domingo, 13 de septiembre de 2015

El Psoe acosa a Elena Candia

El PSOE acosa a Elena Candia


Fuente: ABC

Oposición «descabezada»

Todo con el objetivo de allanar el terreno de cara a consumar la moción de censura que desde el «Tamayazo lugués» —la indisciplina de voto del socialista Manuel Martínez, alcalde de Becerreá, facilitó la investidura de la candidata popular el pasado 24 de junio— negocian socialistas y nacionalistas. Aunque sin avances, en el PSOE de Lugo siguen trabajando en llegar a una entente con sus exsocios de gobierno. Pero no les será fácil desalojar a los populares si Martínez no cede en favor de la candidatura del portavoz provincial de la formación y alcalde de A Pontenova, Darío Campos. El BNG sigue sin cambiar de postura y mantiene el veto al regidor de Becerreá, imputado por una obra en Portomarín cuando era diputado de vías y obras.
Tras las acusaciones a las que puso voz el diputado socialista Álvaro Santos, el portavoz
del gobierno provincial, Carlos Armestove una «oposición descabezada», que carece de «un líder natural», de modo que por «una parte están los viejos alcaldes del PSdeG, que suman el 80% de los votos» y por otro «Álvaro con un grupo de diputados que se dedican a hacer ruido». En este sentido, se limitó a instar a los grupos a hacer «una oposición leal, pensando en los vecinos».
En la Diputación de Lugo ha estallado la guerra, pero sin que el enemigo en el frente se dé por aludido. Mientras que la oposición se desgasta buscando excusas para justificar una más que probable moción de censura (a estas alturas nadie duda del acercamiento entre socialistas y nacionalistas), «el Gobierno está haciendo lo que le encomendó el pleno de la corporación, que es gobernar». Estas últimas son palabras de la presidenta provincial, Elena Candia, quien asegura que «no vamos a entrar en los amores u odios del resto de formaciones».
Zapatero a sus zapatos, la titular de San Marcos defiende que «hay muchísimo trabajo». «Asumimos la responsabilidad de gobierno en un momento de parálisis absoluta, de desorden y de hechos que descubrimos día a día para nuestra sorpresa», señala. Resume que durante estos escasos tres meses en el cargo se han tomado decisiones trascendentales en el ámbito social, de potenciación de los sectores estratégicos de la provincia y el turismo, «se han activado las subvenciones pendientes y se han abierto las puertas de la institución a todo el mundo». Según indica,«ninguno de los proyectos anunciados por sus antecesores era una realidad. Tuvimos que retomar expedientes que estaban paralizados». Es el caso del centro de recría con importantes reparos de Intervención: «Hay pendientes inversiones por valor de 1 millón de euros».
Ni una palabra sobre el acoso al que se ve sometida desde el PSOE, «porque los distintos grupos políticos no deben concentrar la atención de la administración, ni mucho menos entorpecer su trabajo». Pero lo cierto es que desde que asumió el bastón provincial el PSOE no ha disimulado en su persecución. Primero le reprocharon que aumentase la ayuda en el hogar «con fondos de empleo», luego le acusaron de «retomar el caciquismo al destruir los presupuestos participativos» implantados por el anterior bipartito, también de «oscurantismo y falta de transparencia» —por «ocultar el patrimonio de los diputados»— y, ahora, sostienen que el actual Gobierno de la Diputación es «ilegal».
Por este motivo, el grupo provincial del PSOE presentaba ayer un recurso en el juzgado contencioso-administrativo ante la supuesta «irregularidad» que aprecia. Argumentan los socialistas que el gobierno de Candia «es contrario a la ley» en lo que se refiere al nombramiento de los vicepresidentes y a la constitución de la junta».
Las irregularidades detectadas por el PSdeG radican en que la presidenta «no integró en la junta de gobierno a los vicepresidentes, lo que es contrario a la ley» y «se delegaron áreas a favor de diputados que no participan de ella». Además, depositaron un escrito en el registro provincial en el que piden a la presidenta la «revisión de oficio», pues creen que «la supuesta ilegalidad en la constitución del gobierno puede provocar que todos los acuerdos de la junta y las decisiones del Ejecutivo no tengan validez legal».