domingo, 21 de diciembre de 2014

La Xunta cerrará el grifo a 43 concellos si no pagan el «tasazo» de la basura

Se trata de Castroverde y A Pontenova, del PSOE; Carballo, Mugardos, Vimianzo y A Pobra do Brollón, del BNG; y Narón, con alcalde de Tega.
El Gobierno de Feijoo se ha decidido a apretar las tuercas a los ayuntamientos que practican una insumisión activa contra la subida del 34 % que Sogama comenzó a aplicar en marzo pasado. En plena precampaña de las municipales de mayo, la Xunta publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución por la que establece las condiciones de adhesión al sistema que utilizan 297 de los 314 concellos para la recogida y tratamiento de su basura. Esa resolución habilita al Ejecutivo para penalizar a través del Fondo de Cooperación Local a los municipios que no paguen la nueva tarifa a tarifa. En concreto, podrá descontar el importe de los impagos de la asignación del fondo que corresponda al concello insumiso. Un total de 43 están en esa tesitura de perder ayudas públicas. Sería la primera vez que la Xunta hace uso de esa potestad legal.
Aunque entre estos ayuntamientos en situación de riesgo hay diferentes situaciones. Los más expuestos a ver mermada su partida del Fondo de Cooperación Local son 18 concellos que han devuelto los recibos que Sogama les pasó desde marzo o que solo han realizado un abono parcial, tras descontar el 34 % que corresponde al tasazo. De esos 18 municipios, 11 devolvieron los recibos. Son Laxe, Becerreá, Cervantes, A Fonsagrada, Navia de Suarna, Pedrafita do Cebreiro, Piñor y Catoira, todos ellos gobernados por el PSOE; y Monforte, San Sadurniño y Riotorto, con alcaldes del BNG. Y siete concellos los pagaron sin la subida del 34 %. Se trata de Castroverde y A Pontenova, del PSOE; Carballo, Mugardos, Vimianzo y A Pobra do Brollón, del BNG; y Narón, con alcalde de Tega.
Problemas de tesorería
Pero también se enfrentan al posible cierre del grifo de las ayudas del Fondo de Cooperación Local otros 25 ayuntamientos que no han devuelto a Sogama las facturas ni tampoco las han abonado hasta ahora. La sociedad ambiental entiende que estos casos son distintos de los 18 anteriores, porque cree que los impagos pueden estar más relacionados con problemas de tesorería que con una insumisión política al fuerte incremento del canon que cobra a los concellos, que en marzo pasado subió de 61,5 a 82,1 euros por tonelada (IVA incluido). La deuda acumulada por esos impagos ronda los 8 millones de euros.
Los que no se verán afectados por estas penalizaciones a través del Fondo de Cooperación Local son los concellos y mancomunidades que arrastran deudas con la empresa (en la que Gas Natural controla el 49 % del accionariado) anteriores a marzo de este año, es decir, a la aplicación del tasazo. Esos casos están judicializados. Desde el 2010, Sogama ha planteado 51 contenciosos por impagos del canon contra 38 ayuntamientos y mancomunidades, cuya deuda por ese concepto se ha recortado en los últimos cinco años de 24 millones a menos de 10. Entre esos morosos hay concellos gobernados por el PSOE y el Bloque, pero también algunos del PP.
El Ejecutivo de Feijoo ya advirtió hace un año, a través de una disposición adicional en los Orzamentos para este ejercicio, de la posibilidad de retener impagos con cargo a las partidas del Fondo de Cooperación Local, una potestad legal que asiste tanto al Estado como a las comunidades autónomas. Pero la aplicación efectiva de esa medida dependía de la resolución publicada ayer en el DOG sobre las condiciones de adhesión a Sogama. La Xunta creó el Fondo de Cooperación Local como un mecanismo para compensar a los ayuntamientos, con prioridad para los menos poblados, por su discriminación en la participación de los ingresos del Estado. Su dotación anual se acerca a los 114 millones que los concellos reciben de menos del Estado sobre lo que les correspondería por población. Ese fondo autonómico es para inversiones no finalistas.
Dos meses para salir
Además de la posibilidad de detraer desde ya esas ayudas a los concellos que no paguen el canon, las nuevas condiciones de entrada voluntaria en Sogama también regulan su salida. Así, la Xunta da dos meses de plazo a los concellos que deseen abandonar un sistema que, además de con los ingresos de la tarifa que cobra a los ayuntamientos, se cofinancia con la venta de la energía eléctrica que produce en la planta de Cerceda a partir de la incineración de los residuos. Pese a tener esa puerta de salida abierta hasta marzo, es improbable que algún concello cruce su umbral, ya que los modelos alternativos de Nostián (más caro) y Lousame carecen de capacidad para atender nuevos clientes.
La resolución de la Xunta llega dos meses después de anunciar que, desde enero, bajará un 10 % el canon, con lo que su importe pasará de los 82,1 euros por tonelada actuales a 73,9. Será, con todo, 12,4 euros más cara que la tarifa vigente hasta marzo pasado.